Conflicto de tierras en el Bajo Aguán.

 

"Aquí no hay investigaciones"

Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras

Desde 2009, la fértil región del Bajo Aguán al norte de Honduras ha sido escenario de duras y a menudo violentas controversias por la tierra. Muchos de los conflictos surgieron tras las reformas implementadas a la ley agraria en 1992, por las cuales se permitió la venta de grandes parcelas de tierra que anteriormente sólo podían estar sujetas a propiedad colectiva. Desde entonces, miles de acres de tierras han sido transferidos de comunidades campesinas, integradas por agricultores a pequeña escala, a grandes empresas agroindustriales. En muchos casos, las comunidades campesinas del Bajo Aguán han impugnado la legalidad de estas ventas de tierras alegando que continúan siendo sus legítimos propietarios.

Algunas organizaciones campesinas del Bajo Aguán han recurrido ante tribunales para impugnar actos controvertidos de adquisición de tierras a individuos o grupos por parte de empresas privadas. Otras han presentado apelaciones por medio de vías administrativas previstas en la ley de reforma agraria. Y en otros casos, las organizaciones campesinas han optado por ocupar físicamente las tierras objeto de conflicto instalando allí viviendas provisionales y a veces incluso escuelas. A menudo, las organizaciones campesinas han aplicado una combinación de estas estrategias.

No han sido pocos los casos en que los conflictos con respecto a la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán han estado acompañadas por actos de intimidación, amenazas y violencia —incluidas golpizas y asesinatos— que involucran a campesinos y guardias de seguridad privada contratados por compañías propietarias de fincas. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales que fueron enviadas para restablecer el orden han cometido violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados.

El costo de estos hechos de violencia ha sido gravísimo: según un informe publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en hechos vinculados con conflictos por las tierras en el Bajo Aguán entre 2009 y fines de 2012. La mayoría de las víctimas han sido miembros activos de organizaciones campesinas.

La violencia en la región ha alcanzado niveles tan alarmantes que, incluso en un país donde la ONU considera que se registra el índice de homicidios más alto del mundo, el anterior Presidente Porfirio Lobo (enero de 2010 - enero de 2014) se refirió a la situación en el Bajo Aguán como una crisis de seguridad nacional. Tras asumir la presidencia en enero de 2010, Lobo manifestó en reiteradas oportunidades que su gobierno formularía un “plan integral” para resolver los conflictos agrarios y abordar los graves delitos que ocurrieron en esa región.

El gobierno de Lobo realizó algunos esfuerzos para mitigar los conflictos agrarios en el Bajo Aguán comprometiéndose a entregar tierras a las organizaciones campesinas. En abril de 2010, el gobierno compró miles de hectáreas de tierras y señaló que serían entregadas a una organización campesina. En junio de 2011 y junio de 2012 expresó compromisos similares, pero solamente algunas de las tierras afectadas se han transferido en la práctica a estas organizaciones.

No obstante, la estrategia predominante del gobierno de Lobo para hacer frente al problema consistió en el envío de más miembros de las fuerzas de seguridad a la región. El presidente movilizó al Ejército hasta la zona del Bajo Aguán en tres ocasiones desde 2010, pero esta afluencia de tropas no fue acompañada con un incremento en la cantidad de fiscales o policías investigadores para que indaguen los delitos que se cometieron allí. No es sorprendente que esta estrategia no resolvió los conflictos agrarios que aún persiste en la región ni juzgar a los responsables de la comisión de graves delitos.

A fin de estudiar la violencia en el Bajo Aguán y las acciones gubernamentales adoptadas para abordarla, Human Rights Watch realizó dos visitas de investigación a Honduras entre febrero y abril de 2013. Durante estos viajes, nos reunimos con víctimas de violencia y sus familiares, organizaciones campesinas, fiscales, policías, militares, compañías propietarias de fincas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores. Examinamos 29 casos de homicidio y dos casos de personas que supuestamente fueron sustraídas, así como algunos casos de uso excesivo de la fuerza, torturas y trato cruel e inhumano en que las víctimas señalaron como responsables a miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Prácticamente todos estos delitos se vinculan de manera directa o indirecta con el conflicto por la tierra, según indican organizaciones campesinas, terratenientes y funcionarios gubernamentales entrevistados por Human Rights Watch.

Comprobamos que, con independencia de quiénes eran las víctimas o los presuntos responsables, o de si el delito parecía estar asociado con conflictos por la tierra, los fiscales y la policía en general no impulsaban investigaciones oportunas y exhaustivas. De hecho, varios fiscales, policías y funcionarios militares reconocieron en reuniones con Human Rights Watch que la investigación de estos casos había sido inadecuada o nula.

En Honduras es habitual que las investigaciones no produzcan resultados concretos. En abril de 2013, el entonces Fiscal General Luis Alberto Rubí informó al Congreso Nacional que el 80 por ciento de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes debido a que “los órganos de investigación no tienen capacidad como para darle respuesta” a estos delitos . Sin embargo, incluso en un país donde es habitual que no haya medidas enérgicas de investigación penal y que prevalezca la impunidad, la falta de acciones incluso mínimas por parte de funcionarios para investigar delitos presuntamente vinculados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán alcanza niveles perturbadores.

Tomado de:

https://www.hrw.org/es/report/2014/02/12/aqui-no-hay-investigaciones/impunidad-de-homicidios-y-otros-abusos-en-el-bajo