miércoles, 7 de diciembre de 2022

Gobiernos militares en Honduras

 

La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano

El golpe de Estado en Honduras desmiente la creencia de que las asonadas militares y la interrupción del orden constitucional eran cosa del pasado. El rol de las Fuerzas Armadas fue clave para el derrocamiento de Manuel Zelaya e implica un peligroso precedente para la región. El artículo analiza la historia militar de Honduras, clave en la guerra contrainsurgente en Centroamérica, y sus sólidas relaciones con Estados Unidos, que mantiene una base en territorio hondureño, y concluye que asegurar la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas es crucial para evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro.

El 28 de junio de 2009, en Honduras, la democracia se puso en tensión; también se pusieron a prueba las capacidades del sistema interamericano para evitar golpes de Estado y la interrupción de la institucionalidad. Hasta el momento, se pensaba que los cuartelazos eran cosa del pasado, pues en los últimos 15 años ningún intento de asonada militar había tenido éxito en América Latina. Lo sucedido en Honduras rompió con la creencia de que se había superado la apelación a los militares para resolver diferendos políticos o crisis de gobernabilidad. Los militares fueron la pieza decisiva para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Solo con su apoyo fue posible sacarlo de la residencia presidencial y llevarlo a Costa Rica contra su voluntad. Si el presidente hubiera sido juzgado en el país por los poderes Judicial y Legislativo se hubiera desatado una grave confrontación política, más aún cuando algunos sectores populares respaldaban fuertemente a Zelaya. El gobierno de facto instalado tras el golpe, encabezado por Roberto Micheletti, sobrevivió en medio de un gran rechazo externo, sostenido por una oligarquía cohesionada y convencida de que derrocar a Zelaya, sin importar los costos, implicaba salvar al país del chavismo. Fue un golpe de Estado exitoso, restaurador de un viejo orden oligárquico que se pensaba superado.


El poder de las Fuerzas Armadas

Históricamente, tal como sucedió en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas hondureñas supervisaron y controlaron a la ciudadanía: más que orientadas a la defensa externa, se configuraron como una fuerza de control político interno. Desde el siglo XIX Honduras fue definido como un «país bananero», con una pequeña elite económica local apoyada por compañías estadounidenses, que gobernaba con la mano dura de los militares. Desde el inicio del proceso de democratización, sin embargo, parecía que el país se modernizaba políticamente al ritmo del resto de América Latina. Pero como también ocurre en otros países de la región, el incompleto control democrático sobre los militares funcionó como el elemento decisivo de la ruptura del Estado de derecho. A ello se agrega una conducción civil muy débil por parte de Zelaya, elegido presidente en 2005, quien había emprendido políticas que polarizaron al país, acercándose a la liga bolivariana encabezada por Hugo Chávez. Esto activó la resistencia de la oligarquía, la clase política tradicional encabezada por el Partido Nacional y sectores conservadores de la propia fuerza política de Zelaya, el Partido Liberal, liderados por Micheletti, además de la resistencia de la justicia y los sectores medios. A esta cruzada anti-Zelaya se agregaron los factores de poder más importantes de la política hondureña, que solo actúan en el momento preciso: los militares y el clero. El golpe de Estado hizo trizas el principio firmado por los países latinoamericanos en la Carta Democrática Interamericana, en el sentido de que ya no eran posibles los golpes militares, ni viables ni legítimos los gobiernos emanados de ellos. Micheletti pudo gobernar Honduras por más de seis meses y resistió el embate de la comunidad internacional, principalmente de América Latina y Estados Unidos.

Conflicto de tierras en el Bajo Aguán.

 

"Aquí no hay investigaciones"

Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras



Desde 2009, la fértil región del Bajo Aguán al norte de Honduras ha sido escenario de duras y a menudo violentas controversias por la tierra. Muchos de los conflictos surgieron tras las reformas implementadas a la ley agraria en 1992, por las cuales se permitió la venta de grandes parcelas de tierra que anteriormente sólo podían estar sujetas a propiedad colectiva. Desde entonces, miles de acres de tierras han sido transferidos de comunidades campesinas, integradas por agricultores a pequeña escala, a grandes empresas agroindustriales. En muchos casos, las comunidades campesinas del Bajo Aguán han impugnado la legalidad de estas ventas de tierras alegando que continúan siendo sus legítimos propietarios.

Algunas organizaciones campesinas del Bajo Aguán han recurrido ante tribunales para impugnar actos controvertidos de adquisición de tierras a individuos o grupos por parte de empresas privadas. Otras han presentado apelaciones por medio de vías administrativas previstas en la ley de reforma agraria. Y en otros casos, las organizaciones campesinas han optado por ocupar físicamente las tierras objeto de conflicto instalando allí viviendas provisionales y a veces incluso escuelas. A menudo, las organizaciones campesinas han aplicado una combinación de estas estrategias.

No han sido pocos los casos en que los conflictos con respecto a la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán han estado acompañadas por actos de intimidación, amenazas y violencia —incluidas golpizas y asesinatos— que involucran a campesinos y guardias de seguridad privada contratados por compañías propietarias de fincas. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales que fueron enviadas para restablecer el orden han cometido violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados.

El costo de estos hechos de violencia ha sido gravísimo: según un informe publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en hechos vinculados con conflictos por las tierras en el Bajo Aguán entre 2009 y fines de 2012. La mayoría de las víctimas han sido miembros activos de organizaciones campesinas.

La violencia en la región ha alcanzado niveles tan alarmantes que, incluso en un país donde la ONU considera que se registra el índice de homicidios más alto del mundo, el anterior Presidente Porfirio Lobo (enero de 2010 - enero de 2014) se refirió a la situación en el Bajo Aguán como una crisis de seguridad nacional. Tras asumir la presidencia en enero de 2010, Lobo manifestó en reiteradas oportunidades que su gobierno formularía un “plan integral” para resolver los conflictos agrarios y abordar los graves delitos que ocurrieron en esa región.

El gobierno de Lobo realizó algunos esfuerzos para mitigar los conflictos agrarios en el Bajo Aguán comprometiéndose a entregar tierras a las organizaciones campesinas. En abril de 2010, el gobierno compró miles de hectáreas de tierras y señaló que serían entregadas a una organización campesina. En junio de 2011 y junio de 2012 expresó compromisos similares, pero solamente algunas de las tierras afectadas se han transferido en la práctica a estas organizaciones.

No obstante, la estrategia predominante del gobierno de Lobo para hacer frente al problema consistió en el envío de más miembros de las fuerzas de seguridad a la región. El presidente movilizó al Ejército hasta la zona del Bajo Aguán en tres ocasiones desde 2010, pero esta afluencia de tropas no fue acompañada con un incremento en la cantidad de fiscales o policías investigadores para que indaguen los delitos que se cometieron allí. No es sorprendente que esta estrategia no resolvió los conflictos agrarios que aún persiste en la región ni juzgar a los responsables de la comisión de graves delitos.

A fin de estudiar la violencia en el Bajo Aguán y las acciones gubernamentales adoptadas para abordarla, Human Rights Watch realizó dos visitas de investigación a Honduras entre febrero y abril de 2013. Durante estos viajes, nos reunimos con víctimas de violencia y sus familiares, organizaciones campesinas, fiscales, policías, militares, compañías propietarias de fincas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores. Examinamos 29 casos de homicidio y dos casos de personas que supuestamente fueron sustraídas, así como algunos casos de uso excesivo de la fuerza, torturas y trato cruel e inhumano en que las víctimas señalaron como responsables a miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Prácticamente todos estos delitos se vinculan de manera directa o indirecta con el conflicto por la tierra, según indican organizaciones campesinas, terratenientes y funcionarios gubernamentales entrevistados por Human Rights Watch.

Comprobamos que, con independencia de quiénes eran las víctimas o los presuntos responsables, o de si el delito parecía estar asociado con conflictos por la tierra, los fiscales y la policía en general no impulsaban investigaciones oportunas y exhaustivas. De hecho, varios fiscales, policías y funcionarios militares reconocieron en reuniones con Human Rights Watch que la investigación de estos casos había sido inadecuada o nula.

En Honduras es habitual que las investigaciones no produzcan resultados concretos. En abril de 2013, el entonces Fiscal General Luis Alberto Rubí informó al Congreso Nacional que el 80 por ciento de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes debido a que “los órganos de investigación no tienen capacidad como para darle respuesta” a estos delitos . Sin embargo, incluso en un país donde es habitual que no haya medidas enérgicas de investigación penal y que prevalezca la impunidad, la falta de acciones incluso mínimas por parte de funcionarios para investigar delitos presuntamente vinculados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán alcanza niveles perturbadores.

Tomado de:

https://www.hrw.org/es/report/2014/02/12/aqui-no-hay-investigaciones/impunidad-de-homicidios-y-otros-abusos-en-el-bajo

Voto de la mujer en Honduras

 

El voto y la vida de las mujeres en Honduras



El 25 de enero de 1955, el movimiento de sufragistas hondureñas logró que por decreto presidencial, las mujeres que supieran leer y escribir ejercieran su derecho al voto y a participar en la vida política del país. Aquello pudo ser el inicio para redefinir la relación del Estado y los hombres con las mujeres en Honduras.

El decreto #29, emitido por la administración de Julio Lozano Díaz, respondía también a la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y se unía a 112 países que en esos años ya permitían a las mujeres depositar su voto en las urnas.

Aquella conquista significó un avance en el intento por construir las bases de un sistema electoral -después de las décadas dictatoriales, que debía empujar hacia una mayor apertura de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, educativo y social. En otras palabras, el derecho para decidir sobre el rumbo político del país, debía ser el punto de partida para disminuir la iniquidad entre ambos sexos.

Pero el proceso ha enfrentado un sistema dominado por las creencias y la cultura tradicional masculina, que le ha impedido su fluida evolución. Como muestra, en raras ocasiones las mujeres han encontrado apoyo en los hombres para conquistar sus derechos. Tanto en 1955 como ahora, el reconocimiento de sus libertades es para ellas un camino pedregoso.

La cronología no miente. No han pasado ni cien años desde que en 1930 una hondureña publicó un libro por primera vez. La democracia nacional lleva apenas 37 años desde que una mujer fuese alcaldesa por primera vez y fue hasta 1957 que las mujeres llegaron al Congreso Nacional. Sin olvidar que pasaron 84 años para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1931 graduara a una mujer. Y así, siempre ha habido un inicio tardío.

Actualmente el derecho de las mujeres por gozar de una vida pública en Honduras, es el resultado de un proceso compuesto por avances y retrocesos. Después de 64 años de la aprobación de su participación política, se observa una disminución de su representación en cargos de elección popular y su posición dista de ser igualitaria.

Tomado de:

https://www.expedientepublico.org/el-voto-y-la-vida-de-las-mujeres-en-honduras/

Marchando a la muerte. San Pedro Sula, 6 de julio de 1944

Marchando a la muerte. San Pedro Sula, 6 de julio de 1944

 Por: Arturo Rendón Pineda

Masacre San Pedro Sula, 1944


Ese fatídico 6 de Julio de 1944 cuando yo apenas contaba los 13 años, los matones del dictador Tiburcio Carías,  cometieron la más horrible carnicería contra civiles indefensos que produjo en nosotros, siendo aún adolescentes, un sentimiento de repulsión y de odio en contra del gobierno Nacionalista del dictador  Carías.


Más de 70 ciudadanos sampedranos entre hombres y mujeres  habían sido vilmente masacrados, sin que a la fecha se haya ajusticiado a los culpables, no obstante que la historia los registra con nombres y apellidos.


Un 4 de julio de 1944 se realizó una marcha en Tegucigalpa que fue atacada por la policía con gases lacrimógenos,  muchas mujeres y hombres fueron apresados, no se supo que haya habido muertos. Cientos de personas salieron al exilio para evadir la persecución cariísta.  En esas acciones de protesta contra la dictadura estuvieron involucrados militantes  de los partidos políticos de diferentes clases sociales, particularmente del partido liberal y ciudadanos de la clase obrera.


La Juventud Liberal, la clase trabajadora  y el pueblo todo, desesperado por el imperio de las represiones gubernamentales, se echó a las calles de la capital Tegucigalpa a protestar abiertamente por aquel despotismo y persecución que estaba dejando desoladas a las familias Hondureñas.  A las seis de la mañana de ese 4 de Julio los liberales habitantes de la Capital y muchos miles de ciudadanos enardecidos, encabezados por el Dr. Ricardo Diego Alduvín, Antonio Castillo Vega, José Ma. Reina, Serapio Hernández y Hernández y José Ma.Ochoa Velásquez entre otros, iniciaron lo que la  historia recogería más tarde como: <el principio del fin de la dictadura”.


Pasados los sucesos del 4 de Julio 1944 en Tegucigalpa,  el día martes seis de ese mismo mes y año, la ciudad de San Pedro Sula fue escenario de una de las más crueles matanzas.  Los trabajadores, la mayoría  liberales y algunos nacionalistas de la referida ciudad norteña  que disentían del régimen,  imitando lo que dos días  antes había ocurrido en la capital el 4 de Julio, se lanzaron a la calle  del Comercio (3ª ave.) en una nutrida manifestación de brazos caídos, exigiendo elecciones libres para renovar el gobierno que ya llevaba años oprimiendo  arbitrariamente al país a espaldas de la voluntad popular.


  A la altura de lo que fue  la Droguería Nacional en la casa de Jesús Sahury, mientras el Doctor J. Antonio Peraza,  nacionalista que adversaba al régimen de su mismo partido pronunciaba su discurso para disolver la manifestación pacífica, repentinamente irrumpió la tropa posicionada estratégicamente en las azoteas de los edificios vecinos, disparando indiscriminadamente a la multitud  integrada por hombres, mujeres y niños, que frente a las nutridas descargas de fusilaría, alocadamente corrían a refugiarse en los edificios vecinos, dejando sobre el pavimento una tendalada de muertos de todos los sexos y edades. Muchas personas importantes de la sociedad sampedrana sucumbieron ese fatídico día: Chichi Sunceri, ToñitaCollier, Alejandro Irías y muchos más fueron víctimas de la barbarie.  El Dr. Tulio Bueso, un paisano amigo resulto dichosamente solo con un balazo en una de sus piernas y  hubo que traerlo de escondidas a Santa Rosa para protegerlo de la persecución que se desato posteriormente.


 El Dr. Bueso nos contaba con lujo de detalles lo ocurrido ese fatídico día:  nos decía que inmediatamente de disolverse la manifestación donde entre cuerpos inertes de los caídos se hizo pasar por muerto, mandaron a los bomberos a recoger  los cadáveres, para luego echarlos en un camión para proceder de inmediato a lavar con mangueras la sangre del pavimento y de las cunetas donde corría profusamente, para no dejar vestigios de la carnicería ordenada por el propio General Tiburcio Carias Andino contra la multitud indefensa, ejecutada por el Mayor de Plaza Ángel Fúnes y Agustín Tabora .


LO QUE NO PODRA NUNCA OLVIDARSE.


Dr. Antonio Peraza (Nacionalista) quien estaba pronunciando su discurso cuando se inició la masacre escribió: «Ningún acto de vandalismo de los tantos cometidos por el gobierno despótico de Tiburcio Carias, ha superado a la barbarie como la masacre de San Pedro Sula. Cualquier palabra que se escriba explicando, con todos los matices, lo que ese acto fue, tendrá que ser insuficiente para expresar la realidad de los hechos». «El pueblo de San Pedro Sula no podrá olvidar nunca el asesinato de sus gentes perpetrado por una pandilla famélica de odios y movida por el crimen al servicio del despotismo cariísta. Su recuerdo será eterno y vivirá, en el corazón de sus habitantes, como una conciencia acusadora, esperando el castigo que tarde o temprano tendrá que llegarle a los malvados»..


Los responsables directos de este crimen:
  • Juan Manuel Gálvez, Ministro de la Guerra.
  • Ángel Fúnez, famoso por los asesinatos de Jano, Olancho.
  • Agustín Tabora, de antecedentes delictuosos conocidos.
  • Ramón Rosa Galeano, pseudo periodista al servicio de la dictadura
  • Los dos Andino (padre e hijo), el primero calificado como responsable de masacres   en los Valles de Quimistán.
  • Ramón Discua, abogado y ex juez de lo criminal, gobernador político de Cortés.
  • Donoso Cubero, Director de la Policía local.
  • [-] Alfredo Zepeda, Ing. al servicio de la tiranía, Comandante de Armas.


 

Referencia.

Redaccion. (2017, July 4). La Masacre de San Pedro Sula. 6 de julio 1944. Criterio.hn. Retrieved December 7, 2022, from https://criterio.hn/la-masacre-san-pedro-sula-6-julio-1944/ 

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